[FOTORREPORTAJE] LA LUCHA POR LA VIVIENDA, DESDE DENTRO

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9 de septiembre de 2020. El día clave. En el interior del Parlament, se acaba de aprobar la regulación catalana de alquileres, y los activistas que se concentran en las puertas se abrazan, aliviados, ante decenas de fotógrafos y cámaras. La votación es el resultado de más de un año de negociaciones entre el Sindicat de Llogateres, los partidos políticos y el Govern. Finalmente, ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem votan a favor, y la iniciativa insignia que el sindicato había reclamado desde su nacimiento se convierte en una realidad. Un punto de inflexión en la historia de la entidad, pero no el final del camino. Semanas más tarde, la euforia se había rebajado, pero quedaba la convicción de que había que conservar y consolidar esta norma. El año 2021 empezaba con una victoria parcial bajo el brazo.

Las trabas para aplicar la regulación de precios no tardarían en llegar. El caso de Finques Teixidor, una agencia inmobiliaria de Barcelona, era un ejemplo claro: se había detectado que la empresa ofrecía prórrogas de seis meses a los inquilinos que vivían en sus pisos, en vez de renovar sus contratos. Al verlo como una manera de esquivar la norma, el sindicato organizó una acción sorpresa para conseguir las renovaciones. El día de la protesta, un grupo de militantes esperaba bajo la lluvia el momento idóneo para entrar en las oficinas.

Una vez la acción ya ha empezado, se viven algunos momentos tensos en el interior de la oficina. La demanda de los ocupantes es clara: una fecha y una hora para firmar la renovación de los contratos. Uno de los administradores de la agencia dialoga con el interlocutor del Sindicat para mirar de llegar a un acuerdo.

La faceta comunicativa se debe preparar antes de afrontar cualquier negociación o protesta. En cada acción, hay que pensar cuál será el discurso del Sindicat y ensayarlo para que cualquier persona que no conozca el caso pueda entender rápidamente qué pasa. A veces, no hay mucho tiempo para prepararlo, y los portavoces tienen solo unos minutos para pensar qué dirán a los medios. En la televisión saldrá una sola persona durante unos segundos, pero detrás hay un trabajo en equipo mucho más elaborado. Más allá de los micrófonos, la comunicación con el vecindario del barrio donde hay un conflicto es clave.

La presión policial se hace notar en los momentos más difíciles. La llegada de las unidades del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) o de la Brigada Móvil (BRIMO) a un desahucio acostumbra a pronosticar que la policía buscará efectuarlo por la fuerza. Más allá de los choques físicos, en los últimos meses muchos militantes del movimiento por la vivienda han recibido multas en casa después de haber sido identificados en los momentos previos a un desahucio. Son sanciones administrativas, a menudo amparadas en la llamada ley mordaza. Habitualmente acaban en 601 euros por cabeza. En un recuento a finales de 2021, el Sindicat de Llogateres, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos locales de vivienda denunciaron que acumulaban hasta 364 multas, más de 200.000 euros en total.

Cuando es día de desahucio, toca madrugar para llegar antes que la comitiva judicial y la policía. Cuantas más personas haya ante la puerta, más probable será que se acabe suspendiendo. Pero nada garantiza que la policía no intervendrá para vaciar el piso. Cuando llega la orden, la consigna es aguantar el máximo tiempo posible con resistencia pacífica. Es el momento del arranca-cebollas.

También hay días tranquilos, cuando lo importante es coger fuerzas para organizarse mejor. En Barcelona, donde se fundó la entidad, casi siempre hay manos para organizar, pero no pasa lo mismo en otras zonas del país donde se ha hecho menos trabajo de difusión. Por eso, ahora se han organizado varias charlas informativas y actos para abrir nuevas secciones sindicales en localidades como Mataró o Castelldefels.

Una de las estrategias que el Sindicat tiene para mejorar las condiciones de los inquilinos es conseguir que luchen conjuntamente, a través de una negociación colectiva. Si cada inquilino va por separado, se pierde mucha fuerza. Al detectar un goteo de conflictos entre el fondo de inversión Blackstone y sus inquilinos, la organización quiso tratar todos los casos conjuntamente. El problema eran los llamados desahucios invisibles, gente que se va de su piso porque la empresa no les quiere renovar el contrato. Ante esto, se decidió organizar un gran ‘puerta a puerta’ que llegara a un millar de arrendatarios de Blackstone. El objetivo era explicar a estos vecinos cuál es la situación e invitarlos a una asamblea conjunta. En esta asamblea, se discutió cómo responder colectivamente a Blackstone para conseguir quedarse en los pisos.

Hacen falta muchas manos para organizar bien una protesta. El cartel, las alianzas con otros colectivos, la difusión, la pancarta… pero no siempre hay tiempo para hacerlo con calma. A finales de la segunda semana de junio, empezaron a circular rumores sobre una posible impugnación del Gobierno español contra la regulación catalana de alquileres en el consejo de ministros del martes siguiente. Había que responder rápido y con efectividad, así que se convocó deprisa y corriendo una concentración ante la sede del PSC. El objetivo era hacerse un lugar en los medios para advertir a los socialistas del coste político de esta decisión. Al día siguiente, el consejo de ministros impugnaba la regulación, pero evitaba pedir la suspensión cautelar. En la práctica, una pequeña victoria: la regulación se continuaría aplicando. A día de hoy, todavía es vigente.

El mismo mes de junio, el Sindicat debía afrontar una amenaza de prisión. Años atrás, dos inquilinos habían protagonizado una campaña para conseguir que su propietario reparara los desperfectos de su piso. Eran Alpha y Fran. Denunciaban acoso inmobiliario: un deterioro intencionado del piso para conseguir que se fueran por su propio pie y así poder asignar un alquiler más caro al siguiente inquilino. Alpha y Fran acabaron consiguiendo que sus propietarios, que eran grandes tenedores, fueran sancionados por esta situación. Todo esto pasaba en el 2018, pero en pleno 2021 el caso todavía tenía una derivada judicial: la fiscalía pedía tres años de prisión para ellos dos y para Jaime Palomera. Se les acusaba de coacciones y amenazas por haber ocupado la sede de uno de los negocios durante aquella campaña. Semanas más tarde, los tres quedaron absueltos.

Parte del trabajo del Sindicat es coordinarse y sumar fuerzas con otros movimientos sociales. El 19 de septiembre, la organización participó con un bloque propio en la manifestación que los movimientos ecologistas habían convocado contra la ampliación del aeropuerto de El Prat.

Muchas de las personas que han participado en el movimiento por la vivienda destacan que esta militancia no va solo de lo que ha pasado con su casa, sino que también es un proceso de acompañamiento, solidaridad y empoderamiento personal. Del mismo modo, los desahucios no son solo el proceso de perder una casa, sino también una tormenta emocional y una barrera para construir cualquier proyecto de vida.